Pablo Oyarzun
a la comunidad universitaria
Quiero —a nombre de un grupo de universitarias y universitarios que han tenido la generosidad de invitarme, de incitarme a esta candidatura a la rectoría de la Universidad de Chile, depositando en mí una confianza que me excede largamente— quiero enviar un saludo y, a mi vez, una invitación y una incitación a la comunidad de nuestra institución.
Una invitación a pensar y conversar y, desde la reflexión y el diálogo, definir los cursos de acción que requiere hoy esta institución para enfrentar los desafíos que traen consigo las transformaciones de la universidad, las dinámicas del conocimiento, la complejidad multidimensional de los cambios sociales que exigen nuevas estrategias epistémicas en todos los órdenes de las funciones y misiones académicas.
Una invitación y también una incitación a compartir la responsabilidad y la voluntad de impulsar esas transformaciones con un sello claro, inequívoco.
Un estilo de gobierno y una estructura de gobernanza universitaria que tenga la indispensable vocación participativa —de la comunidad entera— y que implemente un diseño de gestión que asegure la coherencia e integración de las diversas áreas, tareas y orientaciones, desde sus respectivas especificidades.
Que favorezca su colaboración e interacción en vista de los problemas y las necesidades de la sociedad que requieren el concurso múltiple de disciplinas, especialidades y capacidades para ser abordadas.
Un sello inequívoco, también, en el aporte sustantivo a la reconstrucción de lo público y del espacio público, largamente agredido y reducido, a través de la relación de ida y vuelta, de contribución y aprendizaje, con el medio social, que favorezca la profundización de la democracia. Y también, por cierto, a través de la recuperación plena del sentido público y del sentido democrático en la universidad misma.
El país se asoma hoy al tiempo de lo posible, que ha abierto la comunidad nacional, diversa, heterogénea, pero de un modo u otro coincidente en expectativas y esperanzas. No podríamos tener la arrogancia de decir que esta universidad dará forma a eso posible. Pero tenemos la obligación de contribuir a esa tarea.
A eso quisiera invitar e incitar a todas y todos los miembros de nuestra comunidad.
Claves para una Gobernanza
La Universidad de Chile requiere pensarse en su contexto intentando prever su evolución en el largo plazo, lo que es particularmente complejo en tiempos de incertidumbre y en una sociedad en la que han aflorado diversidades y pluralidades en opciones, demandas, expectativas y formas de vida, junto a las desigualdades e inequidades flagrantes que arrastra. Pensarse, asimismo en el contexto mayor, regional, latinoamericano y global en vista de las transformaciones que afronta la institución universitaria en el siglo XXI, las condiciones bajo las cuales tiene que llevar a cabo sus tareas esenciales, las perspectivas de desarrollo y los múltiples factores que representan amenazas para este último.
Esto exige una mirada estratégica y la identificación de problemas cuya solución puede ser de largo aliento, pero que necesitan ser abordados desde el corto plazo. y han de serlo en una conversación abierta, de ágora, de la comunidad, comenzando por sus órganos de gobierno y generando instancias amplias de participación.
Mencionamos aquí tres puntos que son críticos
Uno: la falta de integración de las unidades que conforman el cuerpo institucional y de las mismas funciones que la universidad declara ser misionales. Necesitamos generar condiciones y espacios que favorezcan la convergencia y colaboración entre áreas y académicas y académicos en vista de problemas de país que tienen que ser abordados multi e interdisciplinariamente, que atiendan a la riqueza de los procesos allí donde los resultados no están predeterminados (es la naturaleza misma del conocimiento), que incentiven la inventiva en situaciones de altos índices de contingencia. Esta necesidad toca a la estructura y organización de la universidad y es hora de plantear preguntas acerca de su adecuación y adaptabilidad a escenarios epistémicos y sociales cambiantes.
Dos: la capacidad de la universidad para asistir con recursos a la generación de esas condiciones y esos espacios en modos que no estén afectados por las desigualdades e inequidades internas. Esto supone entender que los problemas que afectan a una unidad no son simplemente problemas de esa unidad que ella misma, de algún modo, debe tratar de remediar: son problemas de la universidad en su conjunto. No se podrá producir condiciones de desarrollo equilibrado de las áreas, unidades y funciones de la universidad sin una revisión fundamental de la provisión de recursos, y eso quiere decir del Fondo General, que es un fondo de continuidad con escasos márgenes de desarrollo. Actores en esta escena son el Estado, la universidad y las unidades con sus diferentes oportunidades respecto de la obtención de fondos externos. Un proyecto de redistribución del fondo, no meramente en términos cuantitativos, sino también cualitativos, es imperioso. La transparencia y el conocimiento de la gestión financiera por parte de la comunidad es indispensable para el sentido de justicia, equilibrio y efectividad de ese proyecto.
Tres: La universidad carece de principios mecanismos de evaluación periódica que contrasten los procesos y rendimientos en los diversos niveles con los objetivos estratégicos explícitamente declarados por la institución y con la provisión de recursos con la que asegura el cumplimiento de esos objetivos. Carecemos de un sistema integrado de evaluación y auto-evaluación, funciones que hoy están repartidas en distintas instancias que no guardan relaciones orgánicas entre sí. Este factor es de la mayor importancia y, así como exige este otro factor de integración, sugiere también recuperar lo que fue la concepción original del Consejo de Evaluación como tercer órgano de gobierno de la universidad, en el que recae la función evaluativa, complementaria de la función ejecutiva, que descansa en Rectoría y Consejo Universitario, y la normativa (y estratégica), que ejerce el Senado Universitario. Definir e implementar adecuadamente al Consejo de Evaluación en sus facultades, atribuciones y funciones implica completar el cuadro de gobernanza superior de la universidad.
Breves consideraciones sobre gobierno universitario
Pablo Oyarzun R.
El problema del gobierno universitario es particularmente complejo. Una de las razones más decisivas para esa complejidad tiene que ver con el hecho de que la universidad es un organismo social particularmente delicado, en virtud de su finalidad fundamental: la formación y desarrollo de sujetos constituidos en tales por su relación con el saber. Si en todo organismo social el gobierno debería ser la consecuencia de las necesidades de organización, administración, regulación y proyección de los miembros que lo conforman y de sus prácticas y relaciones con vistas a ciertas finalidades, esta condición se torna especialmente relevante cuando se trata de la universidad. El pleno despliegue del saber encarnado en individuos y grupos presupone un ámbito de libertad y pluralismo que, en su nivel más intenso y más exigente —el de la creación y la inventiva—, apunta a lo incondicionado. El gobierno, en cambio, implica la “puesta en forma” de esa libertad y de esa heterogeneidad constitutiva, la designación y regulación de sus condiciones y modos de ejercicio, lo que trae consigo también, inevitablemente, su delimitación. Existe, pues, por principio, una tensión originaria entre la finalidad del organismo universitario y la necesidad de su gobierno. Resolver el problema de este último significa articular esa tensión, permitir que en todo momento y en toda instancia tenga abierta la oportunidad de expresarse, sin cortedades ni inhibiciones. El gobierno universitario no puede restringirse únicamente a la administración de una realidad dada, sino que tiene que mantener abierto el juego de las posibilidades que tiene lugar en el ámbito de la libertad de saber.
Como la consecuencia más general que se desprende de estas consideraciones surge la siguiente: no se puede definir el gobierno universitario sin reconocer aquello que en la universidad, en su vida y sus prácticas, es esencialmente ingobernable. El gobierno universitario no ha de querer convertirse en el regente omnímodo de todos los aspectos de la vida universitaria, ni buscar la reglamentación exhaustiva su quehacer, ni siquiera pretender la programación de sus fuerzas de cambio. En determinadas zonas (las más importantes desde el punto de vista de la finalidad), es precisa una cierta liviandad de la administración, una cierta discreción de la estructura, la preservación de un margen en que lo incalculable (de la crítica, la inventiva, el hallazgo y la experiencia) tenga sitio despejado y posibilidad de medrar. Lo que solemos llamar la “vida universitaria” es particularmente sensible respecto de la imposición de encuadres rígidos e inhibitorios. Esto implica que la estructura debe ser articulada en un sentido predominantemente funcional, de modo que las normas y ordenanzas no sean experimentadas por la comunidad como dictámenes verticales irrecusables, sino que sean efectivamente asumidas por ella sobre la base de la transparencia, la adecuada información y el derecho no meramente simbólico al disenso. En este sentido, la participación, entendida como relación reflexiva y dialogante de la comunidad en el contexto de la toma de decisiones es el contrapeso imprescindible a la orientación vertical de la estructura.
Pero ciertamente hay también una organización de aquella libertad que debe expresarse en el gobierno. Lo que determina desde un principio que el saber y su libertad tomen cuerpo es la necesidad de su articulación operativa, su inscripción social y su transmisión histórica. Una universidad responde a la exigencia de proponerse explícitamente esa articulación en un contexto histórico y social. Esto hace que no sólo sea una fábrica o un depósito de conocimientos, sino que tenga en todo momento el deber de reflexionar sobre su misión, configurando a partir de esta exigencia su finalidad en el horizonte histórico y social. La universidad —y, ante todo, si se trata de un ente público— es, por excelencia y por principio, el cuerpo deliberante de una comunidad, y es precisamente en el ejercicio constante de esta capacidad que se funda su autonomía y su más alta capacidad de servicio.
De lo dicho resulta que la necesidad de un gobierno universitario proviene de una triple condición: la primera es la deliberación sobre los propósitos estratégicos e históricos de la institución en su contexto (una institución es, precisamente, una entidad histórica, y la universidad —sobre todo si es pública— es una entidad afectada esencialmente por la historia en la que está inscrita, y que puede, a su vez, influir en esa historia con su diseño estratégico), unida a la formulación de las políticas y normas que rijan la concreción de tales propósitos. La segunda es la determinación y ejecución de las tareas y acciones que se derivan de esos mismos propósitos y de su formulación proyectiva. La tercera es la evaluación de las acciones e iniciativas emprendidas por los organismos, grupos y miembros individuales de la universidad en el desempeño de sus tareas respectivas. Deberán existir en la universidad, por lo tanto, tres órganos estructuralmente vinculados entre sí, que sean depositarios y agentes de estas respectivas funciones.
La fuente primaria de todas estas funciones es la existencia de una comunidad universitaria, configurada por los distintos estamentos. Los mencionados órganos son, entonces, expresión de la reflexión y la voluntad de tal comunidad, y en ésta debe radicar su generación, de acuerdo a principios, pautas y procedimientos que será preciso especificar. Por la misma razón, tales órganos estarán integrados por representantes de dicha comunidad, y deberán proveerse formas, procedimientos y ocasiones en que ésta pueda hacer valer su carácter de fuente primaria, y que no han de restringirse exclusivamente al ejercicio del derecho de elegir representantes. En todo caso, el principio articulador de esta comunidad es el cultivo y desarrollo de los saberes en los términos orgánicos que define su configuración académica, entendida como la integración de funciones fundamentales: docencia, investigación, creación, extensión y vinculación, y gestión y administración.
Se sigue de esta condición fundamental la necesidad de una adecuada constitución de esa comunidad, mediante el reconocimiento de las especificidades respectivas de los estamentos. En el caso del estamento académico, tal reconocimiento queda instituido en la carrera académica, que ha de establecer los parámetros esenciales para la determinación de la jerarquía en virtud de los méritos efectivos y para la estimación del compromiso institucional, como fuente de la cual brota el único principio plenamente legítimo de la autoridad en el organismo universitario. En el caso de los estudiantes, se trata de reconocer en ellos no a los receptores adocenados de un proceso de inculcación de conocimientos y destrezas, sino a los copartícipes de la transmisión, la búsqueda y del hallazgo, como experiencias fundamentales del saber y su práctica; como tales copartícipes, les corresponde una función activa en la vida universitaria. Los estudiantes son la exterioridad dentro de la Universidad, y en esa medida expresan la incidencia de inquietudes y demandas incipientes que constituyen un factor incidente en el desarrollo de las disciplinas y los conocimientos y de su propia inscripción social. En el caso del estamento de los funcionarios no académicos, lo más relevante es el reconocimiento de la significativa diversidad de niveles y tareas que lo caracteriza. La relación con la finalidad del cuerpo universitario —determinada en la realización de funciones profesionales, expertas y técnicas, administrativas y de apoyo— debe ser, también aquí, el principio de una adecuada distribución interna de responsabilidades, capacidades, derechos y deberes.
La comunidad es el cuerpo dinámico de la universidad. Su dinamismo radica en dos factores: la finalidad de saber que la rige y los modos convivenciales que se desprenden de las prácticas requeridas por esa finalidad. Si el primer factor define prioritariamente como requerimiento esencial de la vida universitaria la más alta calidad, el segundo establece un principio de pertenencia y compromiso institucional que, en el caso de la universidad pública, se refiere expresamente a la comunidad nacional en su conjunto. La unidad interna de saberes y prácticas conforma el ethos de la comunidad universitaria. Este ethos es, pues, la fibra más delicada de la universidad, y su preservación, su estímulo y renovación —a través del diálogo, la confrontación de ideas y de modelos de saber y racionalidad, el ejercicio libre de la crítica, el surgimiento de liderazgos a partir del carácter ejemplar de las realizaciones académicas, intelectuales y de gestión y de la fuerza articuladora de los discursos— es la exigencia prioritaria para el buen asentamiento del gobierno universitario.
Julio de 1997
En esta candidatura a la Rectoría de la Universidad de Chile, quisiéramos escuchar las voces de las y los académicos
de todas las Facultades e Institutos.
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